José Salardi R.

Ex ministro, viceministro y ex funcionario del MVCS y SUNASS.

Atacando la informalidad

Una de las grandes debilidades de nuestro país que puso al descubierto la pandemia, fue el alto grado de informalidad que registra nuestra actividad económica y nuestro segmento empresarial en particular.

Cifras estimadas señalan que existe un universo de informalidad que llega a la exorbitante tasa del 70 %, aspecto que nos deja muy mal parados y descalzados del sueño de ser un país OCDE al cual desde hace año se aspira en las altas esferas del Ejecutivo.

Sin embargo, la cruda realidad nos dicta otra cosa y esta informalidad es la que dificultó que los planes de salvataje que se estructuraron desde el Ejecutivo hayan podido tener como destinatarios a quiénes realmente los necesitaban, situados en el segmento de la micro y pequeña empresa.

Ya existe una práctica adquirida que hace que muchas empresas que operan en este segmento y que se mueven en una diversidad de actividades económicas desarrollen sus operaciones en el ámbito informal y que pese a ello sean sujeto de crédito de entidades financieras formales, afrontando eso sí, tasas de interés que son leoninas pero que están vinculadas a nivel de riesgo que señalan los prestatarios que tienen que afrontar (queda por discutir si efectivamente la tasa resultante tienen una estructura de costos bien sustentada o carga también un margen importante para el prestamista que en algunos casos es calificado como usura).

Sin embargo, este escenario de informalidad tuvo una gran barrera de acceso cuando el gobierno anterior lanzó el programa Reactiva, que significó el plan de salvataje más grande de la historia del país (S/ 60 mil millones que equivalían al 8 % del PBI) que buscaba asegurar la continuidad en la cadena de pagos, otorgando garantías a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas a fin de que puedan acceder a créditos de capital de trabajo, y puedan cumplir de esta manera con sus obligaciones de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios, todo esto con el objetivo de sobrellevar de mejor forma el atolladero financiero que implicó el cierre de la actividad económica como consecuencia del COVID 19.

Fuera de este esquema quedaron cerca de 2 millón de micro y pequeñas empresas, que por no estar formalizadas no pudieron aprovechar de las bondades de este programa, que contó con tasas de interés de un dígito y tendientes a cero en términos reales, algo impensable para el financiamiento al que accede este segmento empresarial que por lo general se acerca a los tres dígitos en términos anuales.

Pero no sólo se perdió esta ventana importante de financiamiento (por algo era recurrente escuchar la queja de los gremios de este segmento empresarial señalando que el Reactiva no llegaba) sino que por lo general, el vivir en la informalidad le sale más caro al empresario que opta por esta modalidad para desarrollar sus negocios y deja de acceder a los diversos beneficios que otorga el ser formal, que si bien no han sido marketeados adecuadamente por el Estado (se es deficiente en este tarea a nivel de todo estamento de gobierno), incluyen una gama de servicios desde capacitaciones, fondos no reembolsables para desarrollo de negocios e innovación o incluso créditos con tasas blandas para renovar activos, fijos, financiar capital de trabajo y nuevos emprendimientos, entre otros aspectos.

Toda esta oferta de servicios que tiene el Estado de manera multisectorial y que puede beneficiar y generar un circulo virtuoso para el sector empresarial que subsiste en la informalidad, es un aspecto que debe ponerse en valor y para ello es clave que se creen condiciones amigables para que aquel empresario que no se formaliza opte por dar el paso. La percepción hoy en día es que si se da este paso, el Estado le caerá con todo, lo asfixiará con su sobre regulación y mayor será el costo que el beneficio cuando en realidad la situación debería ser al revés.

El tema impositivo es quizás el que más espanta y ante ello y en vez de seguir recaudando cero por esta alta tasa de informalidad se debería crear desde la política tributaria un plan de incentivos para que progresivamente haya una migración tangible de la informalidad a la formalidad. Para la recaudación será mejor ir recaudando poco de muchos potenciales contribuyentes a estar en una situación de no recaudar un sol sobre estas potencialidades y sobretodo porque el registrarse formalmente implicará afrontar una tributación estándar.

Ya en materia de costos notariales, simplificación de procedimientos para ser formal se ha avanzado bastante, con digitalización inclusive y con trabajos articulados con gobiernos regionales y municipales (pero esto sólo nos aporta poco más de 20 mil empresas formales al año, entre nuevas y las que salen de la informalidad), a todo lo cual se puede sumar nuevos programas Reactiva o FAE como aliciente financiero que permita también alinear mejor las tasas de interés en el sistema financiero (ante ello no basta con fijar topes a los intereses como lo ha dictaminado una reciente Ley congresal).

Con todo esto, lo que falta ahora es una escala tributaria y una temporalidad que realmente haga atractiva la decisión. Desde periodos de amnistía, temporalidades con costo cero, aumentos progresivos de la tasa impositiva, etcétera, contribuirán a tener un país cada vez más formal y que permita que los cerca de 2 millones que conviven en este segmento tienda a reducirse de manera importante

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