Cesia Pérez

Abogada. Especialista en gestión de políticas públicas.

El Código de Trabajo: Una Oportunidad para la Clase Trabajadora

La regulación laboral en el Perú entre trabajadores, Estado y empresa, no tiene un ordenamiento jurídico sólido, donde se establezcan normas y reglas con un marco legal, que haya nacido fruto de un amplio debate, estudio y diálogo de todos los actores involucrados, desde los gremios sindicales y empresariales, los poderes de estado, la academia y la sociedad civil, siempre teniendo como punto de partida la defensa de los derechos laborales de la clase trabajadora.

En la actualidad las relaciones entre empleadores y trabajadores se encuentra fragmentada, evidenciándose desigualdades en sus relaciones contractuales, dispersas en distintos tipos de contratos y regímenes laborales, tanto para el ámbito privado y público, existiendo brechas de derechos y beneficios para el trabajador.

Son pocas las reformas en materia laboral, que se han impulsado desde el Estado, lo más reciente que podemos identificar es del año 2008 con la creación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR que actúa solo en el ámbito público, su rol es el de regular la gestión de recursos humanos, desde un enfoque de meritocracia, para la contratación de personal calificado, desarrollo de capacidades, evaluación de desempeño y procedimientos disciplinarios sancionadores.

Aproximadamente en el Perú existe un 80% de la clase trabajadora, que no cuenta con beneficios laborales, ni sociales, desvalidos de derechos, urge al Estado peruano a través de las instancias competentes impulsar políticas laborales que permitan cohesionar la relación Estado, empleador y trabajador.

En países como Ecuador, Colombia, Chile; su ordenamiento jurídico laboral se encuentra regulado a través de un “Código del Trabajo”, replicando esta experiencia adecuada a nuestra realidad, resulta pertinente impulsar y aprobar un Código de Trabajo, como instrumento jurídico que permita amalgamar en un solo texto toda la normatividad existente.

En ese orden de ideas,  hay diversas propuestas del Código de Trabajo,  existe en consulta un anteproyecto del Ministerio del Trabajo , que consta de 463 artículos, de los cuales 177 (cerca del 40%) se consensuaron previamente en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) , que plantea simplificar de nueve a seis las modalidades de contratación determinada y de naturaleza temporal, en atención al derecho al trabajo; elimina los contratos por lanzamiento de nueva actividad, reconversión empresarial y de emergencia, entre otras , desde la academia encontramos la propuesta del catedrático laboralista Nicanor Asmat , autor del libro Código de Trabajo para el Perú (2019) , sustenta su propuesta como: “una solución ante esta sociedad recaída en la esclavitud laboral en diseñar un contrato sociolaboral, donde se establezca normas y reglas que estén sometidas en un nuevo marco legal y deban ser cumplidas por las partes involucradas, con el fin de lograr una convivencia armoniosa con la empresa, la clase trabajadora, gremial y el estado a fin de garantizar la prosperidad de la persona humana y mejorar su calidad de vida”.

Resulta importante que haya un gran diálogo nacional, que no excluya ninguna arista en el debate, que esté presente salvaguardar los derechos y beneficios de los trabajadores, en equilibrio con la promoción de la inversión privada, la inclusión de elementos de competitividad y productividad, teniendo en cuenta que la gran masa laboral está en las mypes que representan más del 90% de las empresas.

Finalmente, nuestro país al igual que otros en la región ha sido golpeado por la pandemia del COVID 19, afectando nuestra economía y por ende a la clase trabajadora, precarizando más el trabajo y el aumento de la tasa de desempleo y la informalidad. Ante ello, el gobierno debe responder con una agenda laboral donde prime el diálogo y la equidad, el Código de Trabajo representa un horizonte de nuevas relaciones y derechos laborales, en favor del trabajo decente.

Por: Cesia Pérez Vargas

Abogada

Especialista en Gestión de Políticas Públicas.

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